Este 15 de enero se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca y de Antonio Díaz Valencia, líder comunitario del municipio nahua de Aquila, Michoacán. Su familia y la defensa legal argumentan que no hay avances en las investigaciones para localizarlos, a pesar de que hay dos personas detenidas.

16/01/2024 (Ciudad de México). Se cumplió un año de que el abogado Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario del municipio nahua de Aquila, fueron desaparecidos forzadamente en el municipio de Tecomán, Colima, cuando salían de una asamblea. De acuerdo con sus familias y defensores que acompañan el caso no hay avances en la investigación.

Acusan que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no ha hecho lo propio para hallar a los defensores del territorio y que las Fiscalías de Colima y Michoacán no han sido investigadas y denuncian obstruyen las investigaciones.

Por este motivo, en días recientes se manifestaron de forma pacífica ante Palacio Nacional y realizaron una velada, en donde fueron acompañados por organizaciones y personas solidarias, para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador premura en las investigaciones.

Esta martes, durante la conferencia matutina presidencial, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, reconoció que el motivo de la desaparición de los defensores está ligada a la defensa del territorio que sostenían, debido al conflicto comunitario y jurídico por la explotación de la mina Las Encinas, ubicada en Aquila, cuyo dueño es la empresa Ternium.

El subsecretario de Seguridad Pública presentó un avance de las investigaciones y trabajos de búsqueda en la sección “Cero Impunidad” y detalló que hay dos personas detenidas por este caso.

Explicó que hasta la fecha se han realizado 50 acciones de búsqueda en vida por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y 42 jornadas de búsquedas por la Comisión Nacional de Búsqueda. Además, se han realizado 20 reuniones entre autoridades federales y locales, así como ocho encuentros con familiares y representantes legales de las víctimas.

Las personas vinculadas a proceso son Francisco “N” y José “N”, este último ex presidente municipal de Aquila, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y estar a favor de la expansión minera.

Rodríguez Bucio informó que ayer representantes y familiares de las víctimas sostuvieron reunión con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez y otras autoridades. De ella, se acordaron las siguientes acciones:

  • Continuar y reforzar las acciones de búsqueda.
  • Protección a testigos y familiares.
  • Proporcionar los avances de las indagatorias.
  • Coordinación institucional entre las dependencias que participan en la investigación y búsqueda. Que participe la Coordinación Nacional Antisecuestros, para cumplir las órdenes de aprehensión vigentes y dar seguimiento a los procesos jurídicos de los presuntos responsables.

No obstante, los familiares y la defensa de los líderes comunitarios han emprendido acciones para llevar el caso ante CIDH y otras instancias, a falta de respuesta expedita e inmediata de las autoridades.

Por su parte, la empresa minera Ternium, que se dedica a extraer hierro, continúa operando en Aquila. La empresa se asentó en 1998 y ha sido señalada por sus vínculos con el crimen organizado bajo el cobijo de autoridades locales.

También ha sido señalada en otros casos, como en el asesinato del defensor comunitario Higinio Trinidad de la Cruz, quien se oponía a la expansión minera que pretendía Ternium junto a ArcelorMittal con la mina Consorcio Benito Juárez Peña Colorada.

Cuando Ricardo y Antonio fueron desaparecidos, según han expresado sus familiares y defensa legal ante medios, se disputaba la representación ejidal, y si Antonio llegaba a la presidencia ejidal se opondría a la expansión del proyecto minero dada la defensa del territorio que impulsaba. Ambos defensores habían sido amenazados previamente por trabajadores de la empresa minera.

Estos días se realiza la semana de acción mundial que, a través de diversas actividades que se realizaron desde el pasado 11 de enero, exigen el paradero, cuyos rostros estuvieron impresos en lonas y mantas que fueron colgados en las vallas que rodean al recinto del Ejecutivo en la capital mexicana.