14/12/2023 (Ciudad de México). Este miércoles 14 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Federación definió como procedente el desafuero contra el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por la presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y por no haber aprobado los exámenes de confianza cuando asumió el cargo, lo cual es un requisito legal. Con ello, se hace posible proceder legalmente en contra del funcionario.
Con 230 votos a favor, la bancada del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y sus aliados aprobaron retirarle la protección constitucional con la que contaba Carmona como funcionario público. Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) votó en contra con 22 votos, mientras que los diputados de la alianza opositora conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) – que reúnen 170 escaños– se abstuvieron de votar.
En contraste, durante la madrugada de este jueves 14 de diciembre, el Congreso del Estado de Morelos aprobó un Acuerdo Parlamentario con Declaratoria de No Homologación con respecto a la resolución de la Cámara de Diputados de la Nación. Este mecanismo implica que el Congreso local no reconoce la decisión tomada por el Pleno de la Cámara de Diputados de desaforar al fiscal morelense.
A pesar de ser un proceso en su contra, el aún funcionario no asistió a la Cámara de Diputados, lo cual ya había anunciado desde el pasado 12 de diciembre, pues esperaba ser detenido una vez resuelto el proyecto para desaforarlo.
Además de los delitos federales por los cuales se le desaforó en la Cámara de Diputados, el fiscal Carmona ha sido vinculado a proceso debido a delitos que se vinculan con su gestión en la procuración de justicia y la investigación. Y es que existen muchos indicios que apuntan a su actuar irregular.
Los casos más relevantes han sido el del activista Samir Flores, asesinado en febrero de 2019; el homicidio de dos sindicalistas en el marco de una protesta en mayo de 2020; el feminicidio de Ariadna López en octubre de 2022 y, en abril de 2023, el asesinato de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, del cual se abriría otro proceso en su contra por tortura.
De hecho, el caso de Ariadna López trascendió de manera particular porque fue del que derivó el ejercicio penal en su contra a partir de agosto de este año, cuando fuera detenido en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Ejército y la Marina Nacional. Sin embargo, tres amparos efectuados por el Poder Judicial de la Federación le permitirían librar la justicia una vez más, saliendo de prisión preventiva el pasado 22 de septiembre.
El abogado del fiscal morelense ha apelado al Artículo 111 Constitucional para acusar de irregularidades en el proceso, el cual señala que la declaración de procedencia emitida por la Cámara de diputados debe ser comunicada al Congreso local para que proceda como corresponda en el ejercicio de sus funciones. A pesar de esta cláusula, el artículo también señala que las decisiones de la Cámara de Diputados resultan inatacables, lo cual implica que no debería haber impedimento legal para desestimar la procedencia de este órgano legislativo.
De esta última etapa de batallas judiciales, llaman la atención varios puntos. Primero, la evidente celeridad que existe en el Congreso de Morelos para desestimar la resolución de procedencia del órgano legislativo federal. Segundo, la intención de los votos de las bancadas de la Cámara de Diputados.
Al ser un fiscal nombrado por el exgobernador perredista Graco Ramírez, se esperaría que los diputados de la alianza opositora hubieran votado en contra del desafuero al incluir al PRD, en vez de abstenerse. Además, en distintas ocasiones, los miembros de la oposición han cuestionado este proceso judicial en contra del fiscal porque lo consideran una intromisión del gobierno federal en la autonomía de las entidades federativas. Por su parte, el voto en contra de MC pone en entredicho las últimas especulaciones sobre que este partido representa una suerte de “satélite” de MORENA, al votar en oposición al partido guinda.
El proceso para llevar al fiscal morelense a la justicia ha sido largo y accidentado, convirtiéndose en varias ocasiones en una oportunidad para politizar el uso de la justicia. Así, la oposición política ha acusado al poder Ejecutivo de afectar el equilibrio entre los poderes de la federación.
Sobre la postura del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido profundamente crítico con esa autonomía ejercida por los fiscales en las entidades federativas, además de que ha respaldado desde las conferencias mañaneras el proceso que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) habría iniciado en contra de Carmona. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha señalado la existencia de un “entramado de complicidades dentro del Poder Judicial Federal y también del Congreso del estado de Morelos” que ha protegido al fiscal y ha mantenido su actuar irregular en la impunidad.
