07/12/2023 (Ciudad de México). El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, dio trámite a las acciones de inconstitucionalidad promovidas tanto por diputados como senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano contra la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En sintonía, el ministro Laynez ordenó frenar los efectos de la reforma que extingue a los fideicomisos y detener la transferencia de los 15 mil 280 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
La suspensión del ministro de la SCJN se suma a la interpuesta por una jueza de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a finales de noviembre, gracias a la impugnación presentada por la Asociación de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito (Jufed). La resolución de los casos podría tardar hasta meses, considerando que el Poder Judicial debe discutir a fondo los asuntos.
Lo anterior impedirá que el acuerdo entre los titulares del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el Judicial, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, para destinar el dinero a las zonas afectadas en Guerrero, pueda llevarse a cabo.
Por su parte, el presidente de México señaló tanto a Laynez como a Norma Piña por la decisión, sin embargo, aseguró que los recursos para Acapulco y zonas aledañas no harán falta. “Me sorprendió, porque sí creí, bueno hasta aquí lo dije al día siguiente, felicité la decisión de la presidenta (de entregar los recursos) pero luego empezaron amparos y ahora termina con Laynez descaradamente diciendo no”.
López Obrador no ha sido el único miembro del Poder Ejecutivo en mostrar sus discrepancias con la resolución del ministro Laynez. A través de redes sociales la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, señaló que la suspensión desde la Suprema Corte no procede sobre una norma general, de acuerdo al artículo 105 constitucional.
La decisión desde el máximo tribunal del país se suma a la larga lista de fallos en contra de proyectos provenientes del gobierno de la Cuarta Transformación.
Por otro lado, Rosario Robles y Cabeza de Vaca
En contraste, llama la atención la iniciativa de los jueces de absolver a exfuncionarios públicos, como Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acusada de ejercicio indebido de la función pública en uno de los casos de corrupción más grande la historia contemporánea de México, La Estafa Maestra. Este esquema de corrupción involucró a dependencias federales que desviaron más de 3 mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasmas durante la administración del priista Enrique Peña Nieto.
De igual manera, destacan el amparo concedido y la cancelación de la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, otorgados por la titular del Juzgado Octavo de Distrito con sede en Reynosa
Además, la jueza determinó que la fiscalía no cuenta con evidencia para señalar que el extitular del Ejecutivo en Tamaulipas incurrió en estos delitos. Entre las acusaciones en su contra se encuentran el enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.
