El Gobierno de México establece nuevas regulaciones para garantizar una alimentación sana y de calidad. Mientras tanto, el Washington busca imponer la producción de maíz transgénico realizada por las grandes industrias en su país.
14/11/2023 (Ciudad de México). El Senado de México aprobó la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible. Esta ley busca fomentar y garantizar la producción y abasto de alimentos nutritivos, así como fortalecer la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país, además de promover la generación de entornos alimentarios sostenibles, que propicien el consumo informado de alimentos saludables y nutritivos.
En la exposición de motivos para la creación de esta ley, la senadora morenista Ana Lilia Rivera destacó que actualmente en México existe un sistema alimentario mixto entre sistemas tradicionales y modernas que, sin embargo, propicia la oferta de productos alimenticios ultraprocesados en detrimento de los alimentos frescos y naturales. Como resultado de este desequilibrio, la población de México está expuesta a un consumo de dietas pobres en calidad y nutrientes y un excesivo consumo de calorías, principalmente la población con menores recursos. De esta manera, tanto la salud como el desarrollo de la población, especialmente niños y jóvenes, se ve comprometida, agrega el proyecto de ley.
Lo anterior es alarmante toda vez que México es el séptimo país con enfermos de diabetes, enfermedad directamente asociada con una alimentación deficiente, el sobrepeso y la falta de actividad física.
Se destaca que esta ley fue elaborada con la participación de una pluralidad de instituciones gubernamentales en la materia que conformaron el Grupo lntersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), así como por asociaciones entre las que destacan Campaña Sin Maíz No Hay País, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, entre otros.
La lucha por la soberanía alimentaria
A la par de la nueva legislación, el Gobierno de México, desde el poder Ejecutivo, ha buscado contrarrestar los efectos de las políticas públicas agrícolas implementadas durante el periodo neoliberal, las cuales llevaron al país a la dependencia alimentaria bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) desde la década de 1990.
Como ejemplo más evidente de la pérdida de soberanía alimentaria se encuentra la producción y consumo de maíz. Previo al TLCAN, México era autosuficiente; sin embargo, la importación aumentó de manera sostenida, pasando de 2.2 millones de toneladas (10% del consumo nacional) a principios de siglo, a 17.5 millones de toneladas en 2022 (el 40% del consumo actual).
Por otro lado, además de la dependencia en este grano, la seguridad alimentaria de México se ve comprometida a razón de que el maíz que se importa de Estados Unidos es producto de una semilla genéticamente modificada y cultivada con glifosato, herbicida con demostrados daños a la salud de los ecosistemas e incluso a la salud humana.
Bajo este panorama, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó a finales de 2020 un decreto para poner un límite a la importación de maíz transgénico. Originalmente la fecha límite sería el 31 de Enero de 2024, pero la presión del gobierno de Estados Unidos orilló al gobierno mexicano a posponer esta fecha límite para el 2025, no sin antes fortalecer las regulaciones de prohibición de siembra y liberación al ambiente del maíz amarillo transgénico, así como su uso en la elaboración de productos para consumo humano, pero permitiendo su uso para forraje y otros productos.
Dentro de esta discusión, el gobierno estadounidense ha recurrido al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una versión actualizada del TLCAN, para evitar que esta prohibición mexicana se haga efectiva mediante la intermediación de un panel de expertos que resolverá si México ha violado el tratado con este decreto.
A decir del gobierno estadounidense, México viola el Artículo 9.6, apartado 5b del T-MEC, en el que se establece que toda medida sanitaria y fitosanitaria dentro de los marcos jurídicos estará basada en principios científicos relevantes; esto a raíz de que este gobierno desconoce unilateralmente los cientos de estudios realizados sobre los daños a la salud originados por el cultivo y consumo del maíz genéticamente modificado.
Por su parte, el gobierno mexicano, en voz de su presidente, ha insistido en que México es un país soberano capaz de imponer estas medidas, además de estar sustentadas en evidencias científicas que ponen por delante la salud de la población.
Para resolver si México viola o no los dispuesto por el T-MEC, en Octubre de este año se nombró a los 3 expertos que integrarán el panel que resolverán la controversia. Los tres integrantes son: Christian Häberli, suizo experto en comercio internacional; Jean E. Kalicki, estadounidense especialista en arbitraje internacional; y Hugo Perezcano Díaz, mexicano y funcionario público que colaboró en las negociaciones del TLCAN y otros tratados con países de Latinoamérica.
Pequeños agricultores en EEUU también rechazan los transgénicos
El debate sobre el maíz transgénico continua en ambos países. En México, aún dependiente del maíz estadounidense para poder garantizar su consumo interno, se implementan diversos programas para fortalecer el campo, abandonado durante décadas. Estos programas incluyen apoyos económicos directos, precios de garantía y apoyos en fertilizantes; todo encaminado a lograr la soberanía alimentaria.
Mientras tanto, en Estados Unidos, las grandes industrias agropecuarias continúan con la presión a su gobierno para obligar a que México importe la producción de su maíz transgénico. Tan sólo para el ciclo 2023-2024, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que su cosecha nacional de maíz será de más de 380 millones de toneladas, necesitando por ello un mercado dispuesto a aceptar su grano genéticamente modificado.
En medio de esta disputa, Farm Action, una red de agricultores estadounidenses independientes, se ha acercado al gobierno mexicano para que éste le permita participar con argumentos en el panel que resolverá el tema. A decir de esta red, el gobierno de Estados Unidos atiende principalmente los intereses de las grandes corporaciones de semillas y agroquímicos como Monsanto y hace a un lado a los pequeños agricultores.
Por su parte, el gobierno de López Obrador se mantiene firme en su decisión de prohibir el maíz transgénico, alcanzar la soberanía alimentaria y promover alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que resulten seguras para la salud humana, el ambiente y la diversidad biocultural del país.
