02/11/2023 (Ciudad de México). Nayib Bukele, hijo de 42 años de un próspero empresario con ascendencia árabe,  hizo su carrera política en El Salvador bajo las banderas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que lo invitó y postuló como alcalde de Nuevo Cuscatlán y posteriormente, en coalición con el centrista Partido Salvadoreño Progresista, como intendente de la capital San Salvador el año 2015. 

En 2017 tuvo problemas con el FMLN, por la agresión verbal y física contra la síndica de la comuna capitalina y militante de izquierda Xochilt Marchelli, durante una sesión del Concejo Municipal de San Salvador, en que Marchelli realizó observaciones a la transparencia de su gestión municipal. Llevado al Tribunal de Ética partidaria, fue expulsado del Frente por faltas graves al estatuto de la organización. Desde entonces Bukele, que desde el 2018 cuenta con su propio partido llamado “Nuevas Ideas”, considera al FMLN su principal oposición, por lo que se ha dedicado a destruirlo procesando y persiguiendo a sus dirigentes, muchos de los que han tenido que salir al exilio.

En la gestación de su proyecto político le ha otorgado una importancia central a la política de seguridad pública, ya que El Salvador es un país en que la violencia estatal y paramilitar contra la insurgencia guerrillera de hace 35 años, en una confrontación que dejó 75.000 muertos y decenas de miles de heridos, así como una migración forzada calculada en 400.000 personas que salieron del país hacia Estados Unidos, México, Honduras y España. Este ciclo de guerra estatal sucia contra el pueblo, marcó a la sociedad salvadoreña, derivando luego toda esa violencia hacia la delincuencia común, conformándose grupos criminales narcotraficantes denominados “Maras”, que llegaron a reclutar hasta a decenas de miles de jóvenes. Los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén del FMLN no pudieron resolver el problema de las “maras”, con su política de seguridad ciudadana que combinaba la represión con la negociación legal. 

Cuando Bukele gana el gobierno el año 2019, implementa una política de mano dura contra las “maras” y la delincuencia. La oposición interna y los organismos internacionales han criticado duramente sus métodos, que al principio estaban en el umbral de lo ilegal pero que casi de inmediato se convirtieron en abiertas violaciones de los derechos humanos, de las garantías constitucionales y de la presunción de inocencia de los ciudadanos. Los Estados no pueden ni deben luchar contra el delito cometiendo delitos; si lo hacen erosionan su propia base democrática y comienzan a convertirse en regímenes autoritarios. Eso es lo que ha pasado con el bukelismo.

Por eso es que, consecuente con su orientación autoritaria, Nayib Bukele acaba de inscribir su candidatura para las elecciones del próximo año, optando por un segundo mandato presidencial consecutivo, pese a que la Constitución de la República de El Salvador de 1983 prohíbe expresamente la reelección no en uno, sino en varios artículos: el 75, el 78, el 131, el 152, el 154 y el 248.

Para lograr su objetivo de preservar el poder, el presidente salvadoreño se ha servido de la “Sala del Constitucional”, una instancia compuesta por 5 magistrados titulares elegidos por la mayoría bukelista en la Asamblea Legislativa y controlados por el gobierno. El Constitucional acuñó una espúrea interpretación del texto constitucional, en sentido que un presidente podría repostularse si renuncia seis meses antes de los comicios.  

Las fuerzas democráticas de izquierda de El Salvador, opositoras al continuismo de Bukele, sin embargo chocan con un obstáculo: que este autoritarismo sigue teniendo popularidad.