Durante la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, exhibió la postura de diversos jueces en casos como el de Luis Donaldo Colosio, Ayotzinapa o Genaro García Luna.

17/10/2023 (Ciudad de México). Este martes, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió a jueces que han favorecido a presuntos criminales. 

Entre los casos se encuentra el del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el del extitular de la secretaría de Seguridad Publica, Genaro García Luna, así como la liberación de siete generadores de violencia detenidos en Cárdenas, Tabasco.

Colosio, Ayotzinapa y Genaro García Luna

El Subsecretario de Seguridad expuso a tres magistrados que han determinado la liberación de Mario “N”, homicida confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Se trata de José Pablo Pérez Villalba, Rubén Arturo Sánchez Valencia, y Luis Alberto Castro Velázquez (este último secretario en funciones de magistrado), pertenecientes al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

El pasado 5 de octubre, por mayoría de votos (dos a favor y uno en contra) estos magistrados determinaron otorgarle un amparo directo a Mario Aburto, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión que le fue decretada el 22 de diciembre de 1994, para que se emita una nueva sentencia tomando como base el Código Penal de Baja California y no el Código Penal Federal.

Este amparo es para efecto de que el Juez de Distrito -que conoce la causa penal- vuelva a dictar nueva sentencia por haberse detectado diversas violaciones procesales.

Con ese fallo se ordena modificar la sanción por el delito de homicidio conforme al Código penal local, que establece 30 años de prisión, en lugar de aplicar el Código Penal Federal, que considera una sentencia de hasta 50 años. El Tribunal ordena también dar vista sobre presuntos actos de tortura que alegó Mario Aburto.

El Subsecretario también exhibió a la jueza del Séptimo Juzgado de la Ciudad de México, Maria Isabel Bernal Hernández, quien el pasado 27 de septiembre otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicios por su probable participación en el caso de la desaparición de los 43 normalista sde Ayotzinapa, por lo que se debe respetar la presunción de inocencia.

“Si bien es cierto que las víctimas tienen derechos a conocer la verdad del caso y a que se les informe sobre los avances de las investigaciones, las autoridades deben abstenerse de brindar información sugestiva hasta no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justica”, acusó Luis Rodríguez Bucio.

Con esas suspensión provisional que emitió la jueza, a favor de Tomás Zerón, las autoridades deben abstenerse de difundir información o comunicaciones que sugieran que Zerón “es un torturador o creó la ‘verdad histórica’ en el caso Ayotzinapa”. Por tanto, impide el gobierno federal que se le señale como responsable de la fabricación de la llamada “verdad histórica”.

Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se encuentra actualmente prófugo en Israel

Otro de los casos que expuso Rodríguez Bucio es el Genaro García Luna, extitular de la secretaría de Seguridad Publica durante el sexenio de Felipe Calderón.

Se trata del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López, y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito: Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar.

Alarcón López negó la orden de aprehensión contra Genaro ‘N’ por el delito de enriquecimiento ilícito, el 10 de mayo de 2023, “bajo el argumento de que no basta con que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública y no de otras fuentes”, expuso el subsecretario.

Tal determinación fue confirmada el 28 de septiembre de 2023 por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.

Este Primer Tribunal Colegiado fue el mismo que desechó las pruebas bancarias que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), con los que se comprobaría que recibió sobornos por más de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

El subsecretario señaló que a pesar de que la FGR presentó diversos dictámenes periciales, declaraciones patrimoniales de él, escrituras públicas, e información bancaria obtenida con control judicial, la orden de aprehensión fue negada.

Por último, el subsecretario Luis Rodríguez Bucio presentó el caso de la liberación de siete generadores de violencia detenidos en Cárdenas, Tabasco, por parte del juez Luis Joel Escalante Pavia, quien calificó de ilegal la detención de esos siete sujetos, por lo que declaro nulos los actos de investigación recabados con motivo de la detención y ordenó la libertad inmediata de los detenidos por violación a sus derechos fundamentales.

Las siete personas fueron detenidas en flagrancia, durante la madrugada del 6 de octubre de 2023, tras agredir con armas de fuego a elementos de seguridad pública estatal y federal que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia El Toloque, en Cárdenas.

“Se les aseguraron armas largas, cortas, cartuchos útiles y cargadores. Cuatro de los detenidos son extranjeros”, concluyó el funcionario.