04/09/2023 (Ciudad de México). Este país sudamericano está saliendo de un conflicto interno armado que se inició el año 1960 y se prolonga hasta la actualidad. Desde el 2015 hay un proceso de pacificación, cuyos máximos acuerdos entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se firmaron el año 2016. 

Uno de esos acuerdos fue la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para: 1) Recibir y evaluar los informes de todas las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas relacionadas con el conflicto armado, 2) Tomar decisiones sobre los hechos y conductas que lleguen a la JEP para posterior veredicto, 3) Realizar investigaciones exhaustivas en las que se contraste toda la información recibida, 4) Trabajar en la identificación de los casos más graves y representativos, individualizando responsabilidades penales, 5) Otorgar beneficios de amnistía e indulto según una ley específica aprobada el año 2016.

Los críticos de la JEP sostienen que, al tratarse de una jurisdicción extraordinaria, tiene la posibilidad de definir penas mucho más bajas que en la justicia ordinaria, además de que puede fijar condiciones de detención domiciliaria (o libertad condicional) incluso cuando los condenados estén cumpliendo condena. Por esta razón muchos policías o militares investigados o sentenciados en la vía jurisdiccional común por delitos cometidos durante el conflicto armado, han optado por acogerse a la JEP para así lograr sentencias menores. En los primeros dos años de funcionamiento de esta instancia, casi 2000 jefes militares y policiales, incluyendo 20 generales y coroneles, firmaron actas de compromiso con la JEP.

Sin embargo, para quienes defienden a la JEP se trata de un mecanismo legal que puede permitir horadar el muro de la impunidad en Colombia, para así avanzar en el esclarecimiento de crímenes de terrorismo de Estado, que de otra forma pasarían al olvido sin ningún tipo de castigo. 

A fines de agosto de 2023 el trabajo de la JEP ha permitido dictar veredicto en un terrible caso de “falsos positivos” ocurrido entre los años 2002 y 2003, en el norte del departamento de Antioquía. En esa época, en varias operaciones realizadas por el ejército, al menos 130 jóvenes fueron ejecutados sumariamente y posteriormente muchos de sus cuerpos desaparecidos. Algunos cadáveres de los asesinados, tapados con telas blancas, fueron exhibidos ante los medios de comunicación como si fueran guerrilleros muertos en combate.

Uno de esos jóvenes era Melcíades V. (no puede ponerse el nombre completo por disposición de la JEP) que tenía 23 años y trabajaba como tornero en el municipio de Envigado. “En julio de 2003 en las afueras de la ciudad de Medellín fue enganchado por militares del pelotón Cañón 2, vestidos de civil, para que ayudara con una mudanza. Junto a otras tres o cuatro personas a los que también les dijeron lo mismo se los llevaron con rumbo desconocido y apareció muerto a los tres días, desde entonces le lloramos” relata su hermana Noemí. “Lo peor fue cuando nos entregaron su cadáver acribillado y diciéndonos que era terrorista. Era mentira porque mi hermano nunca se metió en política y era parte de una congregación cristiana. Ahora por fin se ha sabido la verdad. Yo aún espero que haya justicia”.

Múltiples testimonios como este, además de una carga de prueba acumulada en más de cuatro años de investigaciones, incluyendo la declaración de soldados a los que se les ordenó disparar contra civiles desarmados, han llevado a la JEP a imputar por vez primera a un ex comandante del Ejército colombiano por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Se trata del general retirado Mario Montoya, que fue nada menos que Comandante del Ejército Nacional de Colombia durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y que el año 2008 tuvo que renunciar abruptamente cuando la denuncia del caso “falsos positivos” se publicó en varios periódicos colombianos.

Montoya, que durante sus comparecencias ante la JEP ha negado sistemáticamente toda relación con los crímenes investigados, ha terminado acusado, junto a otros 8 militares, como posibles autores de asesinatos y desapariciones forzadas cuando se desempeñaba como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército los años 2002 y 2003. Con este trascendental paso ahora se entra al tratamiento de la sentencia que recibirán estos jefes militares.