Hace más de tres años, un grupo de 16 niñas, niños y jóvenes, se aproximaron a presentar una demanda ante las autoridades judiciales de Montana, un estado ubicado al norte de los Estados Unidos, en la frontera con Canadá, cuya característica son las montañas, los ríos y los bosques, con bellos paisajes aptos para la recreación y el turismo. Se explica así que fuera en esta parte del país que terminó materializándose la reacción generacional –de la juventud ecologista- frente a las múltiples autorizaciones otorgadas a corporaciones petroleras que realizan actividades de prospección, exploración, extracción y transporte de hidrocarburos. Esta cadena de valor petrolera ocasiona impactos en la naturaleza, pero las autoridades estatales pusieron límites operativos a los reguladores ambientales locales, que no podían hacer observaciones ni poner ningún tipo de condiciones para la otorgación de permisos a las empresas que explotan combustibles fósiles. Según las autoridades políticas y administrativas -más interesadas en cobrar regalías o algún tipo de impuestos a esas empresas- no deben mezclarse los derechos ambientales con los derechos económicos, porque eso va contra la libertad de empresa y terminaría paralizando una actividad necesaria para el desarrollo estatal.

Una jueza de distrito de Montana, Kathy Seeley, en un juicio que comenzó en el mes de junio y en el que escuchó tanto a los jóvenes demandantes como a la defensa de las autoridades estatales demandadas, y en el que además, por fuera de los estrados, a través de los medios de comunicación, se pronunciaron los patrocinadores jurídicos de las corporaciones petroleras, ha terminado dando la razón a la parte demandante, declarando en su sentencia que son inconstitucionales las disposiciones que, por beneficiar a las petroleras, impiden aplicar las regulaciones en defensa de los derechos ambientales de la ciudadanía.

Precisamente fueron grupos de ciudadanos afectados por la degradación ambiental que se origina en el calentamiento global antropogénico -vale decir mayormente ocasionado por las grandes actividades industriales, particularmente de las industrias que producen y fomentan el uso de combustibles fósiles- que dieron sus testimonios sobre los efectos del humo de los incendios forestales, el incremento de las temperaturas y la sequía en la parte centro-oeste de los Estados Unidos, que terminan afectando la salud física y mental de los habitantes. Uno de los demandantes, una joven indígena de 19 años, afirmó en un tono dramático: “Hemos visto en los últimos años a quién ha elegido el Congreso Estatal de Montana. Han escogido el desarrollo de los combustibles fósiles, han preferido a las corporaciones sobre las necesidades de sus ciudadanos”.

La juez Seeley afirma en su sentencia que “el desarrollo de la industria no toma en cuenta el impacto que tienen las emisiones contaminantes en el cambio climático ni en la salud de los habitantes de una región del Estado de Montana”. Además, la letrada ha cuestionado que la “Agencia de Protección Ambiental de Montana” no ha hecho lo suficiente para regular a las industrias que contaminan. Esto fundamentos legales, que vinculan de manera directa el derecho económico de las empresas con el derecho ambiental de los ciudadanos, sienta un enorme precedente jurídico, que rápidamente va a ser utilizado para que avancen demandas ambientales similares presentadas en otros Estados.

Nada menos que en Estados Unidos, el mayor productor y vendedor de petróleo y gas del mundo, donde el looby de las transnacionales petroleras es tan poderoso que hay analistas estadounidenses que creen que, lo ocurrido hace poco en el Congreso de la Unión, con el debate sobre los OVNIs propiciado por legisladores republicanos, en realidad fue una maniobra distractiva, para que en ese país no se ponga a debate ni se cuestionen los temas ecológicos, en vista de los terribles efectos de la crisis ambiental global.