25/07/2023 (Ciudad de México). El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el sexto y último informe sobre la investigación referente a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “Isidro Burgos”, y el asesinato de 3 personas, el 26 de septiembre de 2014.
Titulado “Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes”, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain, únicos integrantes del GIEI desde 2022, compartieron los avances de su investigación en conferencia de prensa desde el Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Tlatelolco, donde denunciaron que “no hay condiciones para que puedan continuar sus labores”.
El GIEI fue mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición de familiares de las víctimas de los 43 estudiantes. Este Grupo Interdisciplinario no tiene un antecedente en el sistema de la OEA, pues es la primera vez que se dan facultades para realizar una investigación del orden penal en México.
El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las instituciones del estado, Policía Federal Ministerial, Estatal y Municipal, Fiscalía, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Ejército y Marina, involucradas en la desaparición de los jóvenes hace 9 años.
El GIEI recalcó que se han enfrentado a un desafío monumental, en donde han hecho una investigación compleja debido a que en el “inicio los testimonios recabados se obtuvieron bajo tortura”, además de señalar varias contradicciones entre los reportes de diversas instancias de seguridad al momento de la desaparición de los estudiantes.
Ataque a los Jóvenes de Ayotzinapa, el aparato de Inteligencia y su opacidad.
Durante todo este tiempo se ha ocultado la presencia de agentes de inteligencia del Ejército y del CISEN al momento que sucedieron los acontecimientos en Iguala. Asimismo ha prevalecido la ausencia de información de quiénes son estos agentes y sus reportes al respecto.
Al mismo tiempo, el GIEI detectó contradicciones en los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre el caso de Julio César Mondragón, normalista asesinado la noche del 26 de septiembre de 2014 durante los sucesos y cuyo cuerpo fue identificado horas después con señales de tortura. En una primera instancia la SEDENA informó que el cuerpo de Julio César había sido encontrado en Iguala, pero realmente habría sido encontrado en Mexcaltepec, Taxco. Frente a estas inconsistencias en la información de los archivos del caso, prevalece la duda si en la tortura y asesinato de este joven estuvo involucrada algún nivel de la policía junto al crimen organizado.
Localización, relaciones comunicacionales y desplazamientos de las diversas instituciones de seguridad.
De acuerdo con las investigaciones del Grupo Interdisciplinario, tanto el Ejército, la Policía Federal y Estatal tuvieron conocimiento de lo que estaba sucediendo en Iguala al momento de los hechos. A través del análisis de 500 llamadas, el Grupo de Expertos logró identificar un flujo entre el C4-SEDENA-Policía Ministerial-Policía Federal, en cuyas conversaciones se explica por qué las cámaras del C4 fueron direccionadas de manera intencional para que no se viera el paso de las camionetas en las que transportaron a los 43 estudiantes de la Normal Rural.
Mediante un mapeo, realizado a partir del análisis de celulares, se identificó la presencia de personal de SEDENA, CISEN, Policía Federal y policías de Huitzuco en el lugar de los hechos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, elemento que se había negado u omitido en las declaraciones por parte de estas instancias de seguridad.
De acuerdo con archivos de la SEDENA, el GIEI pudo determinar el nivel de coordinación que había entre el 27 Batallón, la Zona Militar 35 y la Novena Región Militar: el Grupo Interdisciplinario solicitó los documentos complementarios, pero no se les brindaron bajo el argumento de que no hay información sobre este intercambio de documentación. Otro hallazgo apunta a que los mandos del 27 y 35 Batallón estaban involucrados con el tráfico de drogas a Chicago.
Así mismo, se señaló que la SEDENA ha intentado ocultar la existencia de documentos referentes a dependencias y unidades militares relacionadas con inteligencia y la existencia de monitoreos técnicos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) en Iguala. Dichos archivos permitirían determinar que la SEDENA tuvo información en tiempo real de dónde se encontraban los estudiantes para ser localizados. Sin embargo, SEDENA niega que exista esta información, a pesar de que el GIEI encontró 16 documentos de monitoreos técnicos que fueron movidos de lugar y ocultados en 2022.
Intervención de la Marina
El Grupo Interdisciplinario identificó la participación de la Marina en el caso a partir del 28 de septiembre. Su labor fue asegurar lugares para que se pudieran hacer diligencias, además de la participación de buzos en el río San Juan donde se encontró una bolsa negra con los restos de Alexander Mora, uno de los normalistas desaparecidos.
Además, el Grupo identificó que la Marina detuvo y torturó a varias personas detenidas. Dichas declaraciones fueron utilizadas para armar la llamada “Verdad Histórica”, versión de los hechos difundida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue desmentida más tarde por expertos independientes.
La participación de la Marina nunca había sido identificada hasta ahora, y el GIEI no ha podido tener acceso a la información de la Unidad de Inteligencia Naval. Señalaron que la respuesta que han obtenido es que “no hay más información”
Destino y paradero de los Jóvenes
De acuerdo con el análisis del GIEI, todo indica que el responsable último de llevar a cabo la desaparición de los 43 estudiantes fue el crimen organizado. Sin embargo, la participación de agentes del estado en esas redes criminales y el ocultamiento de información por parte de instituciones del Estado limita que puedan dar una respuesta concluyente sobre el paradero de los jóvenes.
“El asesinato de posibles responsables, el miedo y el control todavía existe, son parte de las razones de que se siga ocultando la verdad”, denunció Ángela Buitrago.
De acuerdo con el informe, los estudiantes no fueron llevados todos al mismo lugar y mucho menos al basurero de Cocula, como se señaló en “La Verdad Histórica”. Si bien hay versiones de que un grupo de jóvenes fue llevado a Cocula, también se señala que pudieron haber sido llevados con dirección a Taxco, como lo indica el traslado del cuerpo de Julio César desde ese lugar; un grupo más de estudiantes fue dirigido a Huitzuco y otro más, probablemente, a Chilpancingo, de acuerdo con monitoreos telefónicos y declaraciones obtenidas el GIEI.
Sobre los hallazgos de los restos de Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez en la Barranca de La Carnicería, se señaló que a través del testimonio de un testigo fue que se determinó que los cuerpos de algunos acabaron en crematorios de funerarias de Iguala.
Recomendaciones
El GIEI ha entregado todos los elementos para la reactivación de judicializaciones contra integrantes de la Marina y el Ejército, ya que desde el año pasado se habían desechado varias. Hoy hay 13 militares detenidos, sin embargo, la falta de confianza en su proceso sigue siendo una demanda de los familiares.
A manera de recomendación, el Grupo Interdisciplinario mencionó que es indispensable brindar protección efectiva a los testigos del caso. Ya que a 9 años siguen siendo perseguidos, amenazados e incluso han muerto personas que han contribuido con información vital para el caso. “El sistema mexicano debe acercarse al Humanismo y a la dignidad Humana en materia de protección a testigos” mencionó Carlos Beristain.
Otra recomendación fue que las víctimas y familiares deben contar con la información necesaria sobre los avances del caso, además que las instituciones deben demostrar un compromiso con la investigación y evitar la frecuente sobrecarga para la obtención de pruebas.
Brindar protección a los fiscales que sí han cumplido con su labor y que la Fiscalía General de la República opere con completa independencia, fueron otras recomendaciones del Grupo.
De acuerdo con el GIEI, se debe dar atención integral a las familias de las víctimas, cuya salud física y mental se ha ido deteriorando con el paso de los años. Sin embargo el Grupo advirtió que la asistencia y reparación integral no son sustitutos ni de la verdad, ni de la justicia y no pueden utilizarse como mecanismos de revictimización.
Mensaje Final del GIEI
El Grupo Interdisciplinario denunció, en su mensaje final, que los dos actores que impiden una investigación efectiva del caso Ayotzinapa son el ocultamiento y la insistencia en negar hechos que son obvios.
“El GIEI ha llegado hasta el límite de lo que se puede llegar en la asistencia técnica para la resolución del Caso de Iguala, se hace imposible continuar el trabajo y por esta razón consideramos que, si las cosas no cambian, como no han cambiado, damos por terminado nuestro trabajo” señaló Carlos Beristain.
El GIEI regresó a México y se mantuvo trabajando durante estos seis años con la promesa de que todos los archivos disponibles se abrirían para dar con el paradero de los estudiantes. Si bien sí se abrieron algunos archivos, existe más información clave que ha sido ocultada, lo que hace imposible avanzar en el caso y dar luz en este crimen de estado.
“Para poder resolver el caso se necesita disponer de toda la información que el estado ha tenido desde el día de los hechos para poder conocer el destino y paradero de los jóvenes.”
También señalaron que existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta. El informe muestra que el “músculo del estado” estaba presente la noche de la desaparición de los 43 estudiantes, y que no protegieron a los estudiantes, sino que actuaron en su contra.
“El ocultamiento de la información ha constituido en sí misma una responsabilidad del estado en la desaparición de los jóvenes, al no contar con información relevante para encontrar a los desaparecidos y castigar a los responsables”.
El informe señala que la negación de acceso a la información por parte de la SEDENA, Secretaría de Marina (SEMAR) y CISEN ha comprometido el hallazgo de la verdad. Para que haya justicia, afirmó el GIEI, primero se necesita de una Fiscalía con independencia, con capacidad real y que no busque la protección de ningún sector o institución.
Un caso de desaparición forzada como Ayotzinapa, afirmó el GIEI, no se cierra porque no se continúe investigando. Por ser un delito de lesa humanidad, su vigencia es permanente y se perpetúa con la opacidad de las instituciones. Además, el dolor de los familiares continúa presente mientras no haya respuestas veraces del destino de los normalistas. Es obligación del Estado mexicano investigar, buscar a los desaparecidos y hacer justicia en este crimen.
