21/07/2023 (Ciudad de México). El pasado 7 de junio, 198 legisladores de la oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Minera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La nueva legislación, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y modificada y aprobada por el Congreso a finales de abril, fue publicada finalmente en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de este año.
Colectivos y organizaciones sociales mexicanas realizaron un evento en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para rechazar la estrategia de la oposición en este tema, e hicieron un llamado contundente al Poder Judicial para no avanzar en la iniciativa. Afirman que si bien el nuevo marco legal no es el ideal, si avanza notablemente en el sentido que durante décadas activistas, comunidades y afectados por esta actividad extractivista han demandado. La ley aprobada no sólo limita las prácticas nocivas de la minería, sino que reconoce los derechos de consulta y participación de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Algunos desafíos y retos
Los y las ponentes del foro sostuvieron que entre los principales retos está hacer frente a la élite empresarial, la cual se ha opuesto a la ley minera dado que ven amenazados sus intereses ante el nuevo marco regulatorio. Coincidieron en que la Ley Minera representa un avance significativo para frenar los impactos negativos de dicha actividad económica sobre el medio ambiente. Además, reconocieron, fue creada y diseñada con una base de participación social.
“No cambió todo pero sí algo, un cambio pequeño. Dicha reforma sí retoma algunos de los anhelos de las personas afectadas por la minería […] Los pueblos afectados y en resistencia hicieron historia y como les corresponde”, dijo Victoria Beltrán, abogada de PODER e integrante de ¡Cambiémosla Ya!. Ahondó que ahora, el principal reto es la implementación de la norma: “Ver dónde empezar […] Falta ver por dónde avanzan las interpretaciones judiciales […] hay que seguir dando volúmen al derecho y seguir dándole presencia”.
En la aplicación de la nueva ley, afirmaron los participantes, tienen que ser las comunidades afectadas las que deben ser tomadas en cuenta para su puesta en marcha. “Estamos a mitad del período, para que la ley sea reglamentada, y no se ha abierto la puerta a organizaciones, pueblos y afectados por parte de la Secretaría de Economía”, expresó Beatriz Olivera, directora de Energía, Género y Ambiente (Engenera) a De Raíz.
El gobierno federal tiene a más tardar 180 días, después de la publicación de la Ley Minera el pasado mayo, para aprobar el nuevo reglamento.
Algunas cuestiones que quedaron fuera de la norma fueron temas fiscales , minería a cielo abierto, así como el uso de minerales como cianuro y arsénico, entre otros.
¿Qué se estableció en la nueva Ley Minera?
La nueva ley modifica la Ley de Minería de 1992, implentada luego del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que permitió a empresas transnacionales operar sin restricciones. En esa ley se clasificó a la minería como actividad preferente sobre cualquier otra, como el turismo, la agricultura o manejo forestal.
Al respecto, Agustín Ávila Romero, Director General de Políticas para el Cambio Climático de SEMARNAT, señaló que durante más de tres décadas México fue el paraíso de las mineras ya que había políticas ambientales permisivas y laxas, para otorgar concesiones mineras.
Con la nueva Ley, uno de los cambios que se contemplan es que las empresas competirán en licitaciones públicas. Además, deberán rendir cuentas sobre la contaminación que causen y los cambios en el uso de la tierra. Sus concesiones podrán ser canceladas si no atienden problemáticas por daño ambiental y deberán garantizar la seguridad de los trabajadores.
Con la Ley Minera también se reformaron la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
A partir de ahora, quedan prohibidas la exploración y extracción en áreas con escasez de agua y en Áreas Naturales Protegidas, aunque no se contempla la minería submarina. Al respecto, Jesús Echeverría, integrante del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, señaló que México está adherido a la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) desde 2002, por lo que es obligatoria la conservación de zonas terrestres y aguas continentales.
En la actualidad hay 1671 concesiones mineras en 70 Áreas Naturales Protegidas (ANP), equivalente a 1.5 millones de hectáreas según la secretaría de Economía.
