Mariano Abarca Roblero sabía que la muerte le rondaba de cerca. La había sentido en varias ocasiones, desde que decidió dar un paso al frente y defender a su comunidad, Chicomuselo, de los intereses extranjeros que codiciaban la riqueza escondida en sus valles y montañas. 

Ante la falta de diálogo y oídos sordos por parte de las autoridades locales, en junio de 2009, junto a varios compañeros, decidió establecerse en plantón frente a la sede de la cabecera de este pequeño municipio ubicado en el estado de Chiapas, a unos 200 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas y cerca de la frontera con Guatemala. Su exigencia era muy clara: la salida de la minera canadiense Blackfire Exploration y frenar la destrucción del territorio en la insaciable búsqueda de oro, antimonio y barita. 

Abarca pronto se convirtió en líder del movimiento antiminero en la Sierra Madre de Chiapas. Supo organizar a varias comunidades afectadas por las actividades extractivistas en la región e impulsar acciones de resistencia civil. El 17 de agosto del 2009, el gobierno del exgobernador Juan Sabines Guerrero ordenó detenerlo tras una denuncia interpuesta por Blackfire Exploration. Tras la presión social, Abarca fue liberado, y ya en la calle, responsabilizó a la minera canadiense de varias amenazas de muerte en su contra.

El hostigamiento continuó, y día con día, las intimidaciones se agravaron. El 23 de noviembre, Abarca presentó una queja ante la policía para denunciar  que dos empleados de  Blackfire lo habían amenazado de muerte. Cuatro días después, frente al restaurante familiar y a plena luz del día, el defensor del medio ambiente recibió por la espalda dos balazos en cabeza y pecho que terminaron con su vida.

Los autores materiales, cuenta su hijo José Luis Abarca, fueron detenidos y liberados en 2012 por las autoridades. Ambos fueron trabajadores de Blackfire Exploration.  Ahora, junto a un grupo de defensores, ha decidido interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de Canadá por el asesinato de su padre.

Búsqueda de justicia en instancias internacionales

Es la segunda vez que el caso se presenta ante la CIDH (la primera fue contra las autoridades mexicanas dadas las negligencias e irregularidades durante la investigación), pero es la primera que se acusa directamente a Canadá. Se busca sentar un precedente para defensores del territorio y medio ambiente en América Latina, al señalar la responsabilidad del país norteamericano en las violaciones de derechos humanos vinculadas a sus empresas en el extranjero.

Presentada el pasado 2 de junio de este año por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), la denuncia se basa en más de mil páginas de informes internos y correos electrónicos de la Embajada de Canadá en México que evidencian cómo esta entidad diplomática llegó a intermediar con el gobierno de Chiapas en favor de Backfire Exploration, señala Jen Moore, investigadora afiliada al Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington.

Por su parte, Shin Imai, profesor de Derecho de la Universidad de York en Toronto y abogado integrante de JCAP, destaca que la figura jurídica central de esta denuncia es la de “diplomacia económica”, una estrategia controversial que solapa, en la práctica, las violaciones a derechos humanos en favor de intereses económicos.

 Así, en 2018, el caso fue analizado por la Corte Federal de Canadá, quién desestimó investigar. En enero de 2023, la Corte Suprema de Canadá cerró la última puerta para encontrar justicia al rechazar el recurso de apelación presentado por familiares de Abarca.

La  “diplomacia económica” de Canadá ya ha sido criticada por instancias internacionales. Este año, de acuerdo con un informe que el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa entregó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco de la revisión periódica universal de Canadá, este país incumple sistemáticamente sus obligaciones internacionales con defensores de derechos humanos y ambientales en el extranjero.

Esa revisión se hizo a cinco casos documentados en varios países de habla hispana: Guatemala, Perú, Ecuador y México. El análisis se centró en el enfoque diplomático que ha tenido Canadá en los conflictos mineros. 

Ahora, la denuncia presentada ante la CIDH por familiares de Abarca y la JCAP se centra en que Canadá es responsable por acción u omisión al incumplir la legislación internacional en materia de derechos humanos y presionar a sus pares mexicanos para que impulsaran el proyecto minero a pesar de estar al tanto de las amenazas que pesaban sobre la vida de Mariano Abarca. Y que, desde entonces,  las autoridades del país norteamericano no han investigado ninguna irregularidad cometida por sus diplomáticos.

México, víctima de la “fiebre minera”

En México, entre 1990 y 2018, la Secretaría de Economía entregó 46 mil 048 concesiones mineras, y hasta 2019 operaban mil 531 proyectos en México. De 238 mineras que operaban, 151 eran canadienses.

La expansión acelerada de las concesiones mineras fue posible luego del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la firma de la Ley Minera de 1992, dado que las empresas transnacionales pudieron operar sin restricciones.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se entregaron 17 mil 267 concesiones mineras. Con Ernesto Zedillo 11 mil 524, en la administración de Vicente Fox fueron 15 mil 753, durante el gobierno de Felipe Calderón 12 mil 864 y 5 mil 396 con Enrique Peña Nieto. 

México se encuentra entre los primeros lugares de una lista sobre los países más inseguros para defender los territorios, según Global Witness.  “En los últimos diez años, México se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período. La mayoría de los asesinatos (131) ocurrieron solo entre 2017 y 2021”, se lee en el informe global. 

La muerte de Mariano Abarca no fue en vano. La mina de Blackfire en Chicomuselo fue clausurada poco tiempo después de su asesinato. El Poder Judicial de la Federación determinó que no cumplía con las regulaciones ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural de Chiapas (SEMAVIHN).

“Este proceso no lo va a traer de vuelta a la vida, pero sí es importante sentar un precedente toda vez que existen más defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en toda América Latina” señala José Luis Abarca Montejo, quien afirma llegará hasta el final en busca de justicia para su padre.