Igual que en la novela de Gabriel García Márquez “Crónica de una muerte anunciada”, a nadie tomó por sorpresa en México la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular en su totalidad el llamado “Plan B” de la reforma electoral, el cual proponía en términos generales la reestructuración del sistema electoral para fortalecerlo frente a prácticas ilícitas, hacerlo más eficiente y reducir su oneroso presupuesto.
Cuestionado sobre su opinión al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que interpreta el fallo como “una actitud política de protección, de defensa, de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era la que dominaba y se sentía la dueña de México. El gobierno estaba secuestrado. Como ya no pueden dominar el poder ejecutivo ni legislativo, esa minoría está encumbrando al poder judicial, convirtiéndolo en un ‘supremo poder conservador’.”
Desde el estado de Chiapas, donde el mandatario encabezó la presentación del reporte de seguridad de la entidad, López Obrador señaló que “con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del poder legislativo, cuando ellos violan la Constitución en lo que concierne a que nadie puede tener un salario superior al del presidente de la República, y ellos sí lo tienen”.
Ante esta situación, el jefe del ejecutivo insistió en que el próximo año enviará una iniciativa de reforma constitucional para que se determine que los ministros y magistrados sean electos por el voto popular. “ Nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia, que no había en nuestro país (…) Y eso hay que tenerlo muy claro (…) Lo que había era un Gobierno oligárquico, una presidencia oligárquica, con fachada de democracia.”
