18/12/2024 (Ciudad de México). Sin duda que el 20 de enero de 2025, fecha en que Donald Trump asumirá su segundo período de gobierno, se convertirá en una especie de parteaguas respecto de las políticas fiscales, tributarias, arancelarias, migratorias, ambientales y de gobernanza mundial que aplicará el magnate ultraconservador, diferenciándose del todavía presidente Joe Biden, del partido demócrata.
La gran mayoría de los análisis prospectivos que se están haciendo sobre el próximo gobierno republicano, ponen el énfasis en el tipo de relación que sostendrá Estados Unidos con sus vecinos de América del Norte, o la forma como hará sentir Washington su influencia en los países de América Latina y en la Unión Europea, o sus mandatos para recuperar capacidades estratégicas en Oriente Medio, o gestionar la lucha de Estados Unidos por la hegemonía mundial con China.
Pero hay un tema que tiene que ver con la gobernabilidad y que Donald Trump, en sucesivas declaraciones, pero particularmente en una conferencia de prensa que dio en su mansión de Mar-a-Lago, en el Estado de Florida, ha tocado: la relación que tendrá con la oposición que se organiza en la sociedad civil, pero particularmente con los medios de comunicación.
Trump acaba de afirmar que “Las demandas cuestan mucho dinero, pero hay que enderezar a los medios de comunicación. Tenemos una prensa muy corrupta, casi tan corrupta como nuestras elecciones. Interpondré nuevas demandas por difamación contra periódicos e incluso influencers”. Anunció que, muy posiblemente esta semana presentará una demanda contra un periódico local del Estado de Iowa – ”Des Moines Register”- que publicó, poco antes de las elecciones, una encuesta vaticinando el triunfo de la candidata Kamala Harris, cuando el resultado final le dio el triunfo al republicano por casi 13 puntos de diferencia. “En mi opinión, eso es fraude e injerencia electoral” dijo el mandatario electo. Inútil explicarle que las encuestas son sólo referenciales, tanto por su margen de error como por factores como el denominado “voto oculto”, que aparece como voto indeciso.
Frente a estos anuncios, en la capital Washington, se pronunció Adrienne Watson, una de las voceras del Proyecto de Integridad del Congreso (CIP, por sus iniciales en inglés), una plataforma conformada por varios legisladores de centroizquierda, que coordina con organizaciones ambientalistas, feministas y humanitarias de todo el país, y que tiene la finalidad de ejercer defensa de los derechos civiles.
Watson denunció que Donald Trump, que tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, así como influencia sobre la mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia, planea en su segundo gobierno atacar a las organizaciones sin fines de lucro progresistas, a investigadores independientes y a grupos de la sociedad civil, incluidas organizaciones benéficas, universidades y periodistas que sean críticos con los lineamientos ultraconservadores de su gobierno.
Para esto utilizará al Departamento de Justicia, a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al Servicio de Impuestos Internos. La estrategia consiste en atacar por todos los flancos (tributario, penal, de imagen pública) para obligar a la autocensura de los referentes de opinión pública contrarios a la línea trumpista, que optarían por callarse para no tener problemas. El CIP ha denunciado que los nombres propuestos por Trump para ocupar cargos directivos en esas importantes entidades, tienen un perfil fanatizado contra quienes expresan preocupaciones ambientales, de igualdad social, racial o de género. Particularmente cuestionados por su cerrada y extrema ideología de ultraderecha, muy vinculados con la Fundación Heritage (que trabajó un Nuevo Mandato Presidencial para Trump) son Billy Long, propuesto para dirigir el IRS, Pam Bondi, que será la Fiscal General, o Kash Patel, el hombre elegido por Trump para dirigir el FBI.
Watson anunció que no se adoptará una actitud pasiva ante los abusos, que habrá resistencia legal y social a este ataque autoritario de la gente de Trump.
