16/12/2024 (Ciudad de México). Los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han publicado las listas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros que han superado la primer fase del proceso de elección. De los 33 mil 220 aspirantes que se registraron inicialmente, 19 mil 238 lograron pasar al siguiente nivel.
A detalle, en las listas se da cuenta que el comité del Ejecutivo aprobó a 11 mil 114 aspirantes de los 18 mil 447 inscritos, lo que representa aproximadamente el 60% de los registrados. Por su parte, el comité del Legislativo aprobó a 7 mil 178 candidatos de un total de 10 mil 959 inscripciones, esto es, el 65% de los registrados. Finalmente, el comité del Judicial fue el más restrictivo, aprobando solo a mil 46 aspirantes, lo que significa que solo el 27% de los 3 mil 814 registrados, un número ya de por sí bastante bajo en comparación con los de los otros dos poderes, quienes triplicaron o cuadruplicaron en capacidad de convocatoria. Además, con el número final, el Poder Judicial no habría logrado el mínimo de aspirantes que establece la Constitución para someter a los finalistas al proceso de insaculación.
Los aspirantes que avanzaron debieron cumplir requisitos mínimos, como la nacionalidad mexicana, un título y cédula profesional de abogado, y un promedio mínimo de 8 en sus estudios universitarios. Además, debieron comprobar buena reputación y no haber sido condenados por delitos graves.
Como siguiente fase de la elección judicial, los comités realizarán diversas entrevistas a cada uno de los aspirantes para calificar la idoneidad de cada uno. Posteriormente, con fecha máxima al 31 de enero de 2025, publicarán un listado de las personas mejor evaluadas. Con el nuevo listado y de haber más aspirantes que candidaturas posibles, los comités tendrán hasta el 4 de febrero para realizar el proceso de insaculación pública y hasta el 6 para justar las listas definitivas conforme al número de postulantes y a los criterios de la paridad de género. Finalmente, esta lista la deberán entregar al Senado, quien a su vez la remitirá al Instituto Nacional Electoral (INE) a más tardar el 12 de Febrero con miras a realizar la elección judicial el próximo domingo 1 de junio de 2025.
Las y los mexicanos elegirán por voto popular a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 de las regionales, 464 de circuito y 386 jueces de distrito.
Se inscriben a dos o tres comités al mismo tiempo
En las listas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se destaca que diversos aspirantes se postularon en dos o en hasta los tres comités disponibles. Éste fue el caso de Roberto Gil Zuarth, ex legislador y ex secretario particular de Felipe Calderón, quien criticara la reforma judicial bajo el argumento de que se acabaría con su independencia.
En esta situación también se encuentra Édgar Corzo Sosa, ex asesor del ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, nombrado en este cargo por Ernesto Zedillo en 1995; Paula María Garza Villegas Sánchez Cordero, hija de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, también nominada en su momento por Zedillo; Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en la administración de Felipe Calderón.
Otro perfil relevante en los casos de duplicidad es el de María Estela Ríos González, ex titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del presidente López Obrador, quien la nominó en dos ocasiones para el cargo de ministra de la Suprema Corte, al cual ahora ella se inscribe para someterse a votación popular.
De entre los actuales ministros, ocho de ellos decidieron no someterse a elección, ya sea porque “no me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, como señaló el aún ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en su carta de renuncia o porque estén en contra de la elección judicial. Sin embargo, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, quienes defendieron dicha reforma, sí se someterán a la ratificación de su cargo por medio del sufragio, por lo que, pese a no estar en la lista, mantienen su pase directo conforme lo estipula la reforma que dio origen a la elección judicial.
La reforma judicial en los estados
La reforma judicial federal, aprobada en septiembre de 2024, establece que los estados tienen un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales. Este proceso de armonización es crucial para garantizar la coherencia y efectividad del nuevo marco judicial en todo el país.
Tres meses después, los congresos estatales han mostrado un avance lento en este proceso. Hasta la fecha, solo cuatro estados han logrado homologar sus normas: Michoacán, Tamaulipas, Durango y el Estado de México. De acuerdo a los artículos transitorios de la reforma judicial, esta adecuación debe ser realizada de cara a la realización de la renovación de la totalidad de cargos de elección de los poderes judiciales locales, misma que deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027, en los términos y modalidades que estos determinen.
El avance limitado en los congresos estatales se debe, según sus senadores, a que muchas entidades están esperando la aprobación de la totalidad de las legislaciones secundarias por parte del Congreso de la Unión. Esta espera ha generado una pausa en la implementación de las reformas locales a pesar de que los plazos establecidos en la reforma federal son claros.
