16/12/2024 (Ciudad de México). En agosto de 2006, en la ciudad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, se instaló la Asamblea Constituyente, cuyos 255 integrantes fueron elegidos dos meses antes por voto popular.
Luego de muchos debates, se insertaron en el texto constitucional las reformas del Estado, que pasó de ser un Estado centralizado monocultural, a un Estado Plurinacional con Autonomías, considerando que existen en Bolivia naciones originarias (como ser Aymaras, Quechuas y Guaraníes) sin Estado propio, y que no fueron plenamente reconocidas e incorporadas por el orden republicano, desde su fundación en 1825.
También, como parte de esas profundas reformas constitucionales, se aprobó la elección por voto popular de las autoridades jerárquicas del Órgano Judicial, vale decir el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. No se consideró la elección del resto de jueces porque el año 2008, en que se estaba aprobando esta reforma democratizadora en la Constituyente, todavía estaba vigente en el ordenamiento penal boliviano el sistema escabino, que es así como se denomina a la combinación de jueces ciudadanos que, en forma parecida a los jurados anglosajones, eran convocados a ejercer durante los juicios, junto a los jueces profesionales técnicos. Este sistema escabino fue anulado el año 2014.
Constitucionalizada la elección por voto de magistrados y magistradas, se efectuaron dos procesos electivos: el primero el año 2011 y el segundo el año 2017. Ambos mostraron un nivel de participación electoral inferior al registrado en las elecciones nacionales (que siempre está por encima del 90%) y regionales (por encima del 80%). Aunque la reforma democratizadora no logró superar los problemas estructurales (retardación, corrupción) del poder judicial, sus defensores insistían en que siempre será preferible tener magistrados elegidos por el pueblo, que magistrados designados por el poder político o por el poder económico.
Los detractores, entre los que increíblemente estaba Iván Lima, que hasta hace cuatro meses fue el ministro de justicia del gobierno de Luis Arce, plantearon la necesidad de efectuar una reforma -que en realidad sería una contrarreforma- anulando la elección por voto universal, y retornando al sistema de selección por la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso).
Para posibilitar esta contrarreforma se necesitaba postergar las elecciones judiciales, que debían realizarse hace un año, en diciembre de 2023. Fue así que ocurrieron las demoras propiciadas por disputas judiciales, activadas a raíz de recursos legales presentados por legisladores vinculados al gobierno de Luis Arce, como el diputado Leonardo Ayala (que llegó a la Asamblea por el partido Creemos, pero luego se alineó al bando oficialista) o el diputado Juan José Jáuregui (nada menos que presidente de la Comisión de Constitución de diputados).
Pero, al postergarse los comicios, se generó otro problema: según la Constitución los magistrados elegidos el 2017 concluían su período de funciones el 31 de diciembre de 2023. Fue el mismo Tribunal Constitucional, que ya había suspendido la realización de las elecciones judiciales mediante una Resolución fechada el 28 de septiembre de 2023, que el 11 de diciembre del mismo año, emitió la Declaración Constitucional 049/2023, que prorrogó su propio mandato y el de los demás magistrados. Causó tal repulsa pública esa decisión del Tribunal Constitucional, que los magistrados pasaron a ser conocidos como los “autoprorrogados”.
Luego de tanto obstáculo judicial, finalmente se realizaron las elecciones judiciales de los máximos órganos de justicia del país. Viene a ser la tercera experiencia de votación, aunque en esta oportunidad fueron elecciones parciales, ya que nuevas impugnaciones -calificadas por analistas jurídicos como anticonstitucionales pero que prosperaron en tribunales- obligaron a suspender el ejercicio pleno del voto, favoreciendo a algunos de los magistrados que ya cumplieron su período de funciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que es la máxima autoridad electoral boliviana, informó que la participación llegó al 70% del padrón de inscritos. Se espera aún el dato de votos válidos.
El sólo hecho de que se efectuaron las elecciones por voto y que, por tanto, el 1 de enero de 2025, habrá nuevos jueces supremos con mandatos emergentes de la soberanía popular, hace previsible que pronto se dará un nuevo conflicto de legitimidad entre magistrados electos y los autoprorrogados que aún queden.
