13/12/2024 (Ciudad de México). En un contexto de creciente tensión , el Gobierno de México ha reafirmado su postura de no convertirse en “tercer país seguro” ante la posible ola de deportaciones masivas de migrantes que podría llevar a cabo el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Este término implica que México funcionaría como un receptor de migrantes expulsados de Estados Unidos y los obligaría a buscar refugio o asilo en territorio mexicano antes de intentar regresar a sus países de origen.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ha sido enfática al declarar que México no aceptará esta condición, asegurando que el país está preparado para recibir y apoyar a los connacionales repatriados, pero no a migrantes de otras nacionalidades.
La declaración de Rosa Icela se produjo durante una reunión con senadores de todos los partidos políticos, donde se discutió la agenda nacional y las estrategias para enfrentar la posible crisis migratoria. Luego de la reunión, los distintos líderes de cada agrupación afirmaron respaldar la postura del Ejecutivo federal y mostraron un frente unido antes las amenazas del próximo inquilino de la Casa Blanca en contra de los migrantes.
La estrategia del Gobierno Federal
La secretaria de Gobernación subrayó que ante la eventuales políticas antimigratorias de Trump, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, México ya se encuentra preparado para recibir a los connacionales que pudiera ser repatriados, mientras que los migrantes de otras nacionalidades deberán seguir el protocolo establecido, incluyendo el trámite de asilo en el país vecino.
“Los mexicanos en el exterior no están solos. Tienen el respaldo y la protección del Gobierno de México”, reiteró Rosa Icela Rodríguez y precisó que la estrategia interinstitucional incluye no sólo la atención consular, sino también el apoyo desde los estados y municipios para brindarles opciones de desarrollo a su llegada. Además, este esfuerzo incluye la coordinación interinstitucional y diálogos permanentes con las autoridades estadounidenses para asegurar una transición ordenada y respetuosa de los derechos humanos, resaltó.
Entre las medidas a realizarse en suelo estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que ya se trabaja en un plan intersecretarial para manejar cualquier eventualidad, incluyendo la contratación de abogados especializados para apoyar a los migrantes en la agilización y simplificación de sus trámites. Por esto, actualmente el canciller Juan Ramón de la Fuente se encuentra en una gira de supervisión a la red consular para garantizar la implementación de estas medidas y la atención a los connacionales.
Al interior de México, Sheinbaum instó a todos los gobernadores, pero especialmente los de los estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, a fortalecer su infraestructura para recibir a los paisanos, incluyendo la habilitación de albergues temporales, la mejora de los servicios de atención médica y programas de desarrollo social para facilitar su reintegración.
Las posturas de México y Estados Unidos
Luego de su triunfo el 5 de noviembre, Donald Trump ha mantenido su discurso antiinmigrante e incluso ha amagado con la imposición de aranceles a México y Canadá si estos no atienden el fenómeno migratorio que tiene como meta llegar a Estados Unidos. Entre sus declaraciones, aún en campaña electoral, Trump utilizó un lenguaje despectivo y alarmista sobre los migrantes.
A semejanza con su campaña presidencial en 2016, reiteró afirmaciones falsas y exageradas, como que millones de inmigrantes estaban siendo liberados de prisiones y asilos en el extranjero para ingresar a Estados Unidos. Además, ha llegado a afirmar que los estos estaban aumentando las tasas de criminalidad, robando beneficios públicos y empleos a los ciudadanos estadounidenses e, incluso, comiéndose a mascotas.
Por el contrario, el Gobierno de México ha referido cifras en las que se demuestra la importancia de la presencia de los migrantes en Estados Unidos, afirmando que son un pilar para sueconomía y un eslabón de primer orden para toda su cadena productiva. Asimismo lo han corroborado organizaciones de derechos humanos y expertos en economía, quienes advierten que la anunciada deportación masiva podría generar una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos de entre el 4.2% y el 6.8%, lo que representaría pérdidas anuales de hasta 1.7 billones de dólares.
