13/12/2024 (Ciudad de México). En la ciudad de Caracas, el ministro del Interior y encargado de la vicepresidencia de seguridad, Diosdado Cabello, anunció la excarcelación de 103 personas, que se suman a otras 225 con medidas cautelares otorgadas por tribunales de justicia a fines de noviembre.
Se trata de una medida de flexibilización judicial cuyo objetivo es evitar que vuelvan las tensiones sociales y los enfrentamientos políticos con vistas al inicio, el 10 de enero de 2025, de un nuevo período constitucional de gobierno.
Los excarcelados son parte de una cantidad mayor de detenidos por los hechos de violencia que estallaron en varias regiones de Venezuela, luego de la elección nacional del 28 de julio, cuando la oposición de derecha intentó, sin conseguirlo, generar masivas manifestaciones de rechazo al resultado oficial, que dio la victoria a Nicolás Maduro.
En ese momento, dos factores jugaron en contra de María Corina Machado, la dirigenta real de la oposición, y de Edmundo Gonzáles, el candidato formal de las derechas coaligadas en la Plataforma Unitaria Democrática: 1) La opinión ciudadana mayoritaria, que no quería que nuevamente se dieran escenarios de confrontación como los que se dieron en 2014 o en 2017, cuando se organizaron las “Guarimbas” para derrocar violentamente al gobierno, 2) La eficacia de los servicios de seguridad del Estado, que lograron desactivar las protestas brindando la información para la detención judicial de miles de operadores políticos y activistas digitales.
Organismos de derechos humanos en Venezuela, durante estos meses luego del proceso electoral, han recibido numerosas denuncias sobre arrestos de personas, que después fueron liberadas, o detenciones preventivas a las que se envío en los recintos penitenciarios a ciudadanos sin haberles demostrado la comisión de delitos. De alguna forma, estas excarcelaciones son una válvula de escape a toda esa presión, nacional e internacional, que recae sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
Le permite también al gobierno chavista mostrar una voluntad de diálogo que, como lo ha dicho el propio Cabello -convertido hoy en un funcionario imprescindible para efectos de la gobernabilidad- no debe ser interpretado como un síntoma de debilidad, ya que todos los organismos de seguridad interior están alertas.
En poco menos de un mes se efectuará la investidura del actual presidente Maduro para un nuevo período constitucional (2025-2031). Todos los cálculos apuntan a que la oposición tratará también de juramentar como una especie de “presidencia paralela” a Edmundo Gonzáles, quien actualmente vive en España, adonde salió exiliado luego de firmar, en la embajada española en Caracas adonde se refugió, una carta en la que reconoce los resultados electorales brindados por el Consejo Nacional Electoral y ratificados judicialmente por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Gonzáles afirma que ese documento lo firmó bajo coacción, pero el hecho es que con su salida del país perdió gran parte de su capital político.
Aunque perdió la disputa en las calles hace cinco meses, la oposición de derecha en Venezuela recobró aliento con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Y se sintió mucho más respaldada con la designación de Marco Rubio como el futuro Secretario de Estado estadounidense. Rubio mantiene desde hace una década un apoyo constante a los opositores venezolanos, ya que considera que se debe poner punto final al gobierno chavista. Dentro de las estructuras de poder republicano en Estados Unidos, sobresale también Rick Scott, reelecto senador por el Estado de Florida, impulsor de las sanciones unilaterales contra el país caribeño y promotor de una iniciativa de ley que pretende aumentar a 100 millones de dólares la recompensa por cualquier información que lleve a la detención de Nicolás Maduro.
En el escenario hemisférico, respecto de Venezuela, en enero volverá a encenderse el debate entre soberanismo e intervencionismo. Claramente los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú tratarán de impulsar la línea dura, injerencista e intervencionista. Se espera que el contrapeso soberanista pueda venir de los gobiernos de México, Brasil, Colombia, Bolivia y Honduras.
