08/11/2024 (Ciudad de México). Después de 70 días de paro, los juzgados y tribunales federales en México han decidido reanudar sus actividades. Este movimiento se produce tras la emisión de la Circular 23/2024 por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que ordenó la reapertura de los tribunales y juzgados. La decisión fue tomada después de un diálogo entre magistrados, jueces y representantes de algunos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), que culminó en un consenso para retomar las labores el 11 de noviembre de 2024.
El paro de juzgadores del PJF inició el 19 de agosto de 2024 como amago por la reforma al Poder Judicial que se discutía en foros de cara al mismo poder judicial y a la ciudadanía. Si bien a este paro no se unieron los trabajadores sindicalizados, en éste sí participaron los trabajadores de confianza y los jueces agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).
Conforme la reforma judicial avanzaba en su proceso legislativo en ambas cámaras del Congreso, las protestas de este grupo subieron de tono e incluso irrumpieron en el Senado de la República, para lo cual recibieron el apoyo de algunos legisladores de la oposición, según señalaron en su momento legisladores del oficialismo.
Luego de que la reforma también fuera aprobada por más de la mitad de los congresos estatales, ésta fue promulgada por el entonces presidente López Obrador el 15 de septiembre de 2024, con lo cual pasó a ser ley vigente constitucional, como lo marca la Carta Magna. Frente a esto, el Poder Judicial tuvo una escisión entre sus detractores. Mientras el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) abría las puertas al diálogo para la implementación de la reforma y la garantía de respeto a los derechos de los trabajadores, otra parte, principalmente de los jueces agrupados en la JUFED, continuaron con el paro y toma de distintas sedes del Poder Judicial.
En este marco, el Consejo de la Judicatura Federal hizo distintos llamados a los paristas a retomar actividades desde el 23 de octubre, ordenando la reapertura de los tribunales y juzgados, sin embargo, las instalaciones siguieron tomadas por los detractores de la ya vigente elección judicial. Junto al incumplimiento de las ordenes emitidas por sus autoridades, representantes de los paristas amagaron con bloquear procesos judiciales importantes para el gobierno federal desde los distintos juzgados donde se dirimieran estos casos.
Tras una segunda circular del Consejo de la Judicatura Federal para exhortar la reanudación de labores, algunos tribunales y juzgados comienzan a abrir sus instalaciones, aunque en algunas regiones el paro continuó. Luego del fracaso en la Suprema Corte para avanzar en la impugnación de la reforma judicial, magistrados, jueces y representantes de los trabajadores del PJF finalmente acordaron la reanudación completa de las labores en los tribunales y juzgados federales. Según datos oficiales, durante estos más de dos meses de paro más de 440 mil casos quedaron rezagados, generando pérdidas económicas de más de 12 mil millones de pesos.
La última estocada de jueces y magistrados
Ante la imposibilidad de que la Suprema Corte pueda revisar la inconstitucionalidad de las leyes en la Constitución, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación acusaron al ministro Alberto Pérez Dayán de traición e incluso el exterior de su oficina ha sido tapizado con mensajes de odio y descalificación, sitio en donde únicamente pueden transitar libremente los mismos trabajadores del máximo tribunal.
Pérez Dayán, quien sistemáticamente coincidía en las posturas de los otros siete ministros que se pronunciaban en contra de la reforma judicial, sorprendió a muchos al votar en contra de la procedencia para analizar la reforma judicial. Este voto fue determinante para desestimar el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Los juzgadores expresaron su descontento, argumentando que Pérez Dayán falló en su lealtad a la Constitución y a la República.
A pesar de la decisión de la Suprema Corte, los juzgadores han expresado su esperanza en que la reforma pueda ser revertida mediante juicios de amparo y la intervención de instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El magistrado Juan José Olvera López destacó que, aunque no hay solución inmediata, seguirán utilizando todos los mecanismos legales disponibles para “defender sus derechos y el Estado de derecho”.
