06/11/2024 (Ciudad de México). En la ciudad de La Haya (Países Bajos) el gobierno de Malasia recibió de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la opinión consultiva que ratificó la obligación que tiene Israel de permitir que las agencias humanitarias de las Naciones Unidas realicen actividades en Palestina. La representación diplomática del país asiático ante la CIJ, presentó este recurso cuando Israel tomó medidas administrativas tendientes a impedir el libre trabajo de la “Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo” (UNRWA). No conforme con ello, procedió Tel Aviv a ordenar el bombardeo de las instalaciones de la Agencia, como una forma de amedrentar a su personal y a sus ejecutivos, y así hacerles abandonar su trabajo. Durante los 13 meses que pasaron desde que comenzó la invasión a la Franja de Gaza, han muerto 220 empleados de la UNRWA, siendo el último caso el de seis trabajadores que fueron asesinados, en dos bombardeos contra una escuela y sus alrededores en la localidad gazatí de Nuseirat.
Completando este cuadro de agresiones, la ONU recibió ayer la notificación por parte del Estado de Israel informando de la cancelación unilateral de su acuerdo con la UNRWA, que fue firmado en 1967. Esto lo hizo el gobierno israelí en aplicación de dos leyes aprobadas por el Parlamento de su país, que alegan razones de seguridad nacional en su fundamentación.
La UNRWA se fundó el 8 de diciembre de 1948, con el único objetivo de ayudar a más de 700.000 palestinos que tuvieron que escapar de sus hogares ante el avance de las tropas israelíes durante la guerra árabe-israelí de 1948. Desde entonces, el número de refugiados palestinos ha crecido hasta llegar a cinco millones de personas que viven en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza. La UNRWA es la entidad encargada de canalizar la cooperación internacional para el desarrollo, la educación, la salud, los servicios sociales y la ayuda de emergencia a todas esas familias.
Volviendo a Malasia, una vez que su país fue también notificado, pero por la Corte Internacional de Justicia, con una decisión judicial que declara contrarias al derecho internacional todas estas agresiones israelíes, en la ciudad capital de Kuala Lumpur, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, anunció que su país prepara un proyecto de resolución para proponer la expulsión de Israel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La resolución se fundamenta en las constantes violaciones al derecho internacional que realiza el gobierno de Tel Aviv, tanto en el genocidio que sigue ejecutando en la Franja de Gaza, como en la prohibición israelí de ayuda de la ONU a Palestina.
Malasia es un país que tiene 32 millones de habitantes, mayoritariamente musulmanes, que se encuentra entre Tailandia al norte e Indonesia al sur. Es uno de los países con mayor desarrollo económico del sudeste asiático, por lo que su incidencia es bastante grande, ya que también es miembro pleno de la “Asociación de Naciones del Sudeste Asiático” (ASEAN) y de la “Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico” (OCDE) y del “Foro de Cooperación Asia Pacífico” (APEC). De inmediato, una vez conocida la iniciativa malaya, toda la Liga Árabe y la Unión Africana de Naciones han respaldado su posición.
La enorme virtud de la propuesta de expulsión de la ONU, es que le ha recordado al mundo que los crímenes contra el pueblo palestino los sigue cometiendo el Estado de Israel y que, la comunidad internacional, debe levantar su voz para evitar que estas atrocidades continúen y se repitan ahora en Líbano, donde viven muchos refugiados palestinos.
